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Enero2022

Número 01 -Año XVI, Octubre de 2022

» LEGISLACIÓN DESTACADA

» RÉGIMEN DE FOMENTO DE INVERSIONES PARA EXPORTACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO. | ^arriba

En fecha 11 de octubre de 2022, se publicó en el Boletín oficial el Decreto N° 679/2022, el cual crea, en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, el Régimen de Fomento de Inversiones para Exportaciones de las Actividades de la Economía del Conocimiento (en adelante, el Régimen). Las actividades a las que refiere el decreto se encuentran enumeradas en el art. 2 de la Ley N° 27.506 – “RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”, siendo algunas de ellas, softwares y servicios digitales, servicios jurídicos, de contabilidad, de traducción, de publicidad, entre otras. El objeto del régimen son aquellas inversiones en infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo, destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos o la ampliación de aquellos ya existentes. Pueden solicitar la inscripción al Régimen las personas jurídicas constituidas en el país o en el extranjero, habilitadas para actuar en Argentina, independientemente de que estén o no inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. 
Para inscribirse deberán presentar ante la SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, uno o varios proyectos de inversión que impliquen la realización de una inversión directa no menor a USD 3.000.000. 
La norma otorga 3 beneficios a quienes estén inscriptos: 

  1. La excepción del requisito de liquidación en el Mercado Libre de Cambios, de hasta un importe equivalente al 25% de las divisas que pudieran ser ingresadas en concepto de inversión extranjera directa, monto que, a elección del beneficiario, podrá ser aplicado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o repatriación de divisas de no residentes, así como las inversiones en infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo. 
  2. El acceso de los inscriptos a un monto libre de disponibilidad de USD de un 30% de las divisas ingresadas por exportaciones netas incrementales realizadas, verificadas trimestralmente, al ser aplicado al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia, que esté registrado y afectado a esas actividades. 
  3. La posibilidad de convertir en un bono de crédito fiscal de hasta el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado con destino a los sistemas y subsistemas de la Seguridad Social, respecto de los empleados registrados y afectados a las actividades de las que se trata. 

Los bonos son intransferibles, a excepción de los beneficiarios que acrediten exportaciones representativas de al menos el 70% de la facturación anual de la actividad promovida, los cuales podrán ser transferidos por única vez, por un importe equivalente al porcentaje de las exportaciones de cada período. La vigencia de estos será de 24 meses desde su emisión, con prórroga de 12 meses, con causa justificada, y podrá utilizarse para la cancelación de tributos nacionales.

» REGLAMENTACIÓN DE ART. 18 DE LA LEY DE TELETRABAJO. | ^arriba

Con fecha 12 de octubre de 2022, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social reglamentó el art. 18 de la “Ley de Teletrabajo” mediante el dictado de la resolución 1530/2022 y 1921/2022. Así, se ha creado un registro en el que toda empresa que desarrolle su actividad mediante teletrabajo deberá informar la nómina de personal afectado a esta modalidad, así como también el software que utiliza, debiendo actualizarlo con cada alta de trabajadores bajo esta modalidad que se produzca. En caso de incumplimiento, la citada ley de teletrabajo hace una remisión al Pacto Federal del Trabajo, ley 25.212, la cual somete a la decisión de la Inspección del Trabajo (a cargo del Ministerio de la misma cartera) de sancionar y merituar el incumplimiento de acuerdo a los parámetros que prevé dicha norma. De esta manera, podría considerarse el incumplimiento como una “infracción grave”, entonces la sanción será “(…) multa del treinta por ciento (30%) al doscientos por ciento (200%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.” El trámite se hace en forma gratuita y virtual en la página de Trámites Públicos del Ministerio de Trabajo (https://www.argentina.gob.ar/servicio/registro-de-teletrabajo)

» RESOLUCIÓN GENERAL 13/2022 IGJ.- | ^arriba

El pasado 27 de octubre de 2022, fue publicada la resolución nº13 emitida por la Inspección General de Justicia. En su primer artículo, intima por un plazo de 180 días a todas las Sociedades Anónimas Simplificadas a cumplir con los siguientes requerimientos:

  1. Acreditar la existencia y veracidad del domicilio y sede social mediante alguno de los siguientes instrumentos: a) Acta de constatación notarial; b) Comprobante de servicios a nombre de la misma; c) Título de propiedad o contrato de alquiler o de leasing del inmueble en donde se constituye la sede social; d) Habilitación o autorización municipal equivalente, cuando la actividad de la entidad solicitante se lleve a cabo en inmuebles que requieran de la misma. A su vez, en el caso de que el domicilio de la sede social coincida con el declarado por la persona humana que ejerza la representación legal de la sociedad, se deberán acompañar comprobantes de servicios a su nombre y alguno de los otros instrumentos listados precedentemente.
  2. Acreditar la solicitud de apertura de todos los libros digitales contables y societarios obligatorios.
  3. Presentar los estados contables correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022 (este último en caso de corresponder), conforme la res. 2/2021 de la IGJ.

Seguido a ello, en su art. 2, se exceptúa de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, a aquellas SAS que al momento de su constitución, de la inscripción de nueva sede social o de reformar su estatuto, hayan cumplimentado lo requerido por el art. 1 de la res. 4/2022 (esta resolución exige la misma documentación que se requiere en el art. 1 de la presente, para los trámites de constitución de SAS o modificación de su sede social). Finalmente, en su art. 3, el ente gubernamental dispuso que, como consecuencia del incumplimiento de la presentación de la información requerida en el art. 1 dentro del plazo previsto, presumirá a dichas SAS como sociedades inactivas y lo reportará a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), y además, no inscribirá ningún otro trámite registral hasta tanto no cese el incumplimiento.

» RESULUCION GENERAL 12/2022 IGJ . | ^arriba

La mentada resolución, establece la prórroga hasta el 31/03/2023 el plazo de vencimiento del ofrecimiento de diferimiento a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido hasta la fecha de vigencia de la presente resolución y a los suscriptores con contratos extinguidos por renuncia, rescisión o resolución desde el 1/04/2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución. También dispone la prorroga de los plazos establecidos en el art. 7º incisos 2° y 4° de la RG IGJ 14/20 y modificatorias, y mantiene durante la prórroga las obligaciones establecidas en los artículos 8º y 9º de dicha resolución. De igual manera establece que previo al inicio de ejecuciones prendarias, las sociedades administradoras deberán realizar tratativas extrajudiciales con los suscriptores y sus garantes, y en caso de no arrojar ellas resultados positivos, notificarlos expresamente y por escrito del derecho de los mismos a recurrir al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo y en su caso al procedimiento ante la Auditoría en las Relaciones de Consumo instituidos por la Ley N° 26.993, o a los servicios implementados por las jurisdicciones locales de Defensa del Consumidor que no hubieren adherido a la mencionada ley; ámbitos en los cuales será obligatorio para las sociedades administradoras concurrir a las audiencias, instancias y diligencias que correspondan conforme a los procedimientos aplicables y en general colaborar activamente para alcanzar una solución adecuada para los diferendos. Fecha de publicación 03/10/2022.

» NUEVOS VALORES DEL SALARIO MINIMO VITAL Y MOVIL. | ^arriba

El día 24/08/2022 el Consejo Nacional del Empleo, La Productividad, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha dictado la Resolución 11/2022 -publicada el día 26/08/2022 en el Boletín Oficial-, aumentando, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), en tres tramos, según el siguiente detalle: 

  • A partir del 1° de septiembre de 2022, el SMVM será de PESOS CINCUENTA Y UN MIL DOCIENTOS ($51.200.-) para los trabajadores mensualizados, y de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($256.-) por hora para los trabajadores jornalizados.
  • A partir del 1° de octubre de 2022, será de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($54.550.-) para los trabajadores mensualizados, y PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($272,75) por hora para los trabajadores jornalizados.
  • A partir del 1° de noviembre de 2022, será de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($57.900.-) para los trabajadores mensualizados, y PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($289,50) por hora para los trabajadores jornalizados.

En concordancia con los incrementos del SMVM, también dispuso el aumento de las prestaciones por desempleo.

 

»JURISPRUDENCIA DESTACADA

» IMPOSICIÓN DE COSTAS AL CONSUMIDOR. | ^arriba

Mediante sentencia de fecha 25 de octubre de 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en los autos “R., J. D. c/ AVANTRIP.COM S.R.L. Y OTRO s/ORDINARIO”, donde trató un caso de caducidad de instancia por falta de impulso de la parte actora, resolvió que el beneficio de litigar sin gastos reconocido en favor de los consumidores por el art. 53 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor no es impedimento para que el tribunal termine imponiendo las costas del proceso al consumidor, si ello correspondiere conforme el principio general establecido en el art. 68 del Código de Procedimiento. Para ello sostuvo que el beneficio de justicia gratuita y el efectivo pago de esas costas constituyen aspectos absolutamente independientes uno del otro.

» CONCEDEN MEDIDA CAUTELAR CONTRA PCIA. DE MISIONES POR ADELANTO DE IIB. | ^arriba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso cautelarmente que la Pcia. de Misiones debía abstenerse de exigir a la empresa actora el pago a cuenta del anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o el cumplimiento de cualquier otro deber formal o material vinculado al dec. provincial 2913/2007 y de la res. gral. 56/2007 de la Dirección General de Rentas; pues de los antecedentes de la causa surge que el procedimiento de control implementado por la Provincia resultaría prima facie contrario a disposiciones de carácter federal, en tanto condiciona el ingreso de mercaderías provenientes de extraña jurisdicción al pago a cuenta del anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos. En tal caso tuvo en consideración que la normativa impugnada, establece un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos conforme al cual, la Provincia de Misiones no permite el ingreso de aquellas mercaderías provenientes de extraña jurisdicción, si previamente no acredita el pago del mencionado anticipo. De igual manera, aunque la actora dirige la acción de inconstitucionalidad contra normas locales, se advierte que tal pretensión exige —esencial e ineludiblemente— dilucidar si lo dispuesto en ellas interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación en lo relacionado con la regulación del comercio interjurisdiccional (arts. 75, inc. 13 y 126 de la Ley Fundamental) y al establecimiento de aduanas interiores. De allí que aceptó la competencia originaria de la Corte y decretó la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora. (Loma Negra Compañía, Industrial, Argentina, Sociedad Anónima c. Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza. CSJN sentencia 27/09/2022).

» LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL DECRETO 156/20 QUE EXCLUÍA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN.. | ^arriba

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha declarado inconstitucional el decreto 156/20 que excluía a los empleados privados del Estado de la doble indemnización prevista, inicialmente, por el decreto 34/19.
Para así resolver, en autos “RAZZETTI NESTOR C/ ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO S/ DESPIDO” La Sala VI ha entendido que la exclusión de los empleados públicos es discriminatoria y atenta contra la tutela a los trabajadores que pretendía el originario decreto 34/19, que en ninguna de sus partes efectuaba distinción entre empleo público o privado.
Más allá de eso, la Sala VI vislumbra que la exclusión de la doble indemnización es arbitraria y discriminatoria, toda vez que en el decreto 156/20, en su considerando octavo, desnuda la intención de excluir a determinados empleados jerárquicos, incluso contra la voluntad de la norma primigenia. Se destaca, además, que no ha existido ningún fundamento objeto o de bien común que sustente la exclusión de trabajadores por el solo hecho de ser “jerárquicos”.

» CONDONACIÓN DE MULTA ADUANERA – IMPROCEDENCIA. | ^arriba

La Sala I de la Cámara Federal de Salta confirmó la sentencia de la instancia anterior que, por aplicación de la ley 27.260, había declarado condonada la multa impuesta a la actora por la resolución (AD LAQU) 69/2013 en los términos del art. 954, inc. b), del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones). Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones) Subrayó que, según el actor, el organismo aduanero había señalado en el informe 77/08 —SE VESA— que la operación no había generado una obligación pendiente de pago, sino únicamente la multa aquí impugnada. Luegó analizando el art. 954, ap. 1º, inc. b), del Código y el art. 4º de la resolución general (AFIP) 4007, resolvió que procedía condonar la multa cuestionada en los autos. Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario.  Concedido el recurso la Procuradora Fiscal realizó un análisis de las normas involucradas concluyendo que correspondía confirmar la sentencia apelada, en tanto el empleo de los términos “entre otros” indica que la enumeración de infracciones que efectúa el art. 5º de la resolución general (AFIP) 4007 carece del carácter taxativo, lo cual bastaba para rechazar el agravio fiscal. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó que como ya ha señalado, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra (Fallos: 299:167), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, considerando 11 y sus citas), sin que quepa a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como este la concibió (Fallos: 300:700). También ha considerado que la inconsecuencia del legislador no se supone, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 306:721; 307:518 y 993). Por lo que, haciendo un análisis de las normas involucradas concluye en sentencia de fecha 30/08/2022, que la multa del art. 954, ap. 1, inc. b, del Cód. Aduanero no está alcanzada por los beneficios de la condonación dispuesta por la ley 27.260. Del estudio de la normativa aplicable, del bien jurídico tutelado por la norma sancionatoria y de las condiciones particulares de la infracción en cuestión se desprende que la conducta punible no resulta apta para generar un perjuicio fiscal, sino que guarda relación con el incumplimiento en sí de deberes u obligaciones asumidas respecto de destinaciones o regímenes aduaneros, lo cual hace que no concurran en el caso las condiciones previstas en las disposiciones aplicables que tornen procedente la condonación de la multa. (Chehadi, Mallid c. Aduana La Quiaca s/impugnación de acto administrativo CS 30/08/2022) 
 

 

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